Este hecho hace que la víctima se vuelva totalmente vulnerable, debido a que los ciberdelincuentes se apropien de activos digitales de sus victimas tales como la biometría facial, dactilar, datos bancarios, correos y teléfonos. 

Al momento de registrarse en una aplicación de préstamos informales  conocidos popularmente como «gota a gota», el sistema solicita a la víctima un requisito clave,  escanear su rostro desde distintos ángulos para registrar su biometría facial.

Lejos de ser un mecanismo de seguridad para el usuario, esta información biométrica se convierte en un recurso estratégico para los ciberdelincuentes y las organizaciones criminales.

Las implicaciones operativas de este esquema transnacional son alarmantes. Si un usuario descarga la aplicación y realiza el registro desde Tacna, en el sur de Perú, mientras que los administradores del sistema operan desde Colombia o Francia, la distancia deja de ser un obstáculo.

Al centralizar la fotografía facial, la dirección domiciliaria, los números de contacto y el acceso a la ubicación por GPS del dispositivo, las redes delictivas  no solamente  si no que se apoderan de esta identidad digital de sus victimas para coordinar acciones de su conducta delictiva in situ. De este modo, la organización puede contratar cobradores a sueldo locales para desplegar un seguimiento minucioso y ejercer presión psicológica o física sobre la víctima, valiéndose del rastreo tecnológico en tiempo real.

El verdadero peligro, sin embargo, va mucho más allá del acoso directo. Hoy en día, la biometría facial se ha convertido en el estándar de seguridad preferido por la banca y el comercio electrónico para autenticar a sus usuarios, desplazando lo tradicional cual era: usuario y contraseña. Y es precisamente ahí donde radica la mayor amenaza.

Al almacenar las lecturas faciales de sus víctimas en bases de datos informales, estas organizaciones criminales obtienen la materia prima necesaria para dar un paso más avanzado. Con el respaldo de herramientas de inteligencia artificial, los ciberdelincuentes pueden recrear o simular la identidad visual de una persona con un nivel de precisión sorprendente.

Este tipo de suplantación digital permite a los atacantes eludir los controles de seguridad de entidades financieras o tiendas virtuales. A través de estas manipulaciones, la red delictiva no solo puede vaciar las cuentas bancarias de la víctima, sino también tramitar préstamos a su nombre, dejándole una deuda fraudulenta y un grave perjuicio económico antes de que logre percatarse del engaño.

En este esquema, el modelo de coacción tras las aplicaciones de android ofrecidas en Playstore «gota a gota» opera a través de un doble impacto: vulnera tanto la libertad personal como el patrimonio económico de la víctima.

Bajo la lógica de este tipo de  ciberdelitos, la coacción sobre la libertad ejercida mediante el amedrentamiento y el uso no autorizado de datos personales y biométricos funciona como el medio de presión, mientras que el despojo financiero constituye el propósito final.

Esta dinámica está formalmente tipificada en nuestro ordenamiento juridico  mediante el artículo 8-A de la Ley de Delitos Informáticos (Ley N.° 30096), una figura legal sancionada para combatir las modalidades de préstamos informáticos extorsivos.